22 de abril de 2019 - Un informe sobre el impacto del acuerdo comercial T-MEC —en inglés USMCA, resultado de la renegociación del TLCAN realizada entre 2017 y 2018— elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), prevé que la implementación del nuevo tratado podría provocar en México, «si sus disposiciones son aplicadas», un incremento en los salarios de los trabajadores sindicalizados y en el porcentaje de afiliados a organizaciones de protección de intereses colectivos.

La Comisión utilizó una combinación de análisis cuantitativos y cualitativos detallados y un modelo de equilibrio general para evaluar el posible impacto del T-MEC en la economía de los Estados Unidos y en algunos sectores industriales.

Según el documento de 379 páginas publicado el pasado 18 de abril, las remuneraciones de los empleados sindicalizados en el país latinoamericano podrían subir en promedio alrededor de 17.2%, como consecuencia de la implementación de medidas para reforzar la negociación colectiva de los sueldos. Varias disposiciones en este sentido están contempladas en las reformas a la Ley Federal del Trabajo que fueron aprobadas el 11 de abril por la Cámara de Diputados mexicana y están por ser votadas en el Senado.

El documento — titulado U.S.-Mexico-Canada Trade Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and on Specific Industry — no menciona el plazo en el que los mencionados aumentos podrían ocurrir, ni adelanta cifras en cuanto al incremento esperado de la tasa de sindicalización, pero menciona datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) —la agencia mexicana responsable de la elaboración de estadísticas demográficas, geográficas y económicas— para ilustrar la situación actual en este rubro. El porcentaje total de sindicalización en México era de 14.5% en el 2017 y los índices por sector fluctuaban entre el 50%, en el caso de los trabajadores del sector público, y el 0.2% para los trabajadores agropecuarios.

El capítulo 23 del T-MEC, dedicado a los temas laborales, establece la obligación de proteger los derechos sindicales en los tres países firmantes. Se busca así garantizar que ninguno de socios del acuerdo gane competitividad salarial mediante el incumplimiento de las normas de protección a los trabajadores, una situación de la que muchas empresas establecidas en México se han claramente beneficiado desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994. Esta realidad es y continuará siendo posible ya que ni el NAFTA original ni el T-MEC permiten la libre movilidad de la mano de obra entre los países firmantes.

El estudio de la USITC deja claro que los impactos esperados no ocurrirán si no hay un esfuerzo significativo para la implementación de lo acordado.

En el caso de México, estos lineamientos han sido incluidos en el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de garantizar el derecho a la negociación colectiva. Entre los cambios figuran mecanismos para fortalecer la democracia y la transparencia sindical y mejorar la procuración de justicia laboral.

(massimo barzizza / puntodincontro.mx)