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19 de septiembre de 2014 - Demasiado trabajo informal, ninguna garantía, seguridad social inexistente: el 57.8% de los trabajadores y de los empleadores mexicanos no declaran sus ingresos, sólo pagan un pequeño impuesto sobre la ocupación de los terrenos en los que operan y decenas de miles de maquiladoras, en su mayor parte, no están reguladas.

Por esto la propuesta del Ejecutivo dirigida al mundo empresarial y laboral, presentada el pasado 8 de septiembre por el presidente Peña Nieto: regularización de las actividades informales a cambio de una tasa impositiva bajísima o inexistente, beneficios fiscales, seguridad social y pensión. La idea es simple: dar de alta empleados y PYME's en el Régimen de Incorporación Fiscal, un esquema preferencial para los que aceptan la entrada al mundo de la formalidad.

Es una tarea difícil, «un desafío sin precedentes», dice Aristóteles Núñez, director del SAT (Servicio de Administración Tributaria). «Vamos a llevar a cabo un gran esfuerzo de comunicación, para convencer a los escépticos de la conveniencia de participar en el proyecto». La estrategia tiene como objetivo regularizar una parte de los 28.6 millones de mexicanos que se dedican a la actividad económica en el sector informal y en particular a las 13.5 millones de personas que trabajan en la llamada economía informal pura, vendiendo bienes o prestando servicios.

La iniciativa, denominada por el gobierno “Crezcamos juntos”, se dirige a todos aquellos que ganan hasta 2 millones de pesos anuales (unos 150.000 dólares) —dueños de carnicerías, tiendas de abarrotes, pequeños restaurantes, etc .—, con excepción de las actividades que requieren de un título profesional (médicos, arquitectos, abogados, etc ..). Los adherentes estarán obligados a expedir por lo menos una factura cada dos meses (6 facturas al año), además de las facturas individuales que puedan ser requeridas por los clientes.

También deberán presentar una declaración bimestral simple, pero no tendrán la obligación de la declaración anual. Durante el primer año, estos nuevos contribuyentes estarán exentos del pago de ISR, IVA e impuestos especiales. El segundo año, el descuento será del 90% y así sucesivamente, hasta llegar al pago del 100% a partir del onceavo año.

Se ofrece también un subsidio del 50 por ciento en las aportaciones para la seguridad social, lo cual permitirá obtener —a través dell'Infonavit— préstamos para la adquisición de bienes raíces ocho meses después de la inscripción.

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(massimo barzizza / puntodincontro.mx)