24 de septiembre de 2019 - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó hoy que la observancia por parte de Google del llamado Derecho al Olvido de los ciudadanos europeos no implica desindexar de sus resultados de búsqueda los contenidos relacionados con el nombre de una persona en todo el mundo, sino solamente dentro de la UE.

El Derecho al Olvido encuentra su origen en una decisión de 2014 mejor conocida como el “Caso Costeja” emitida por el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta sentencia se determinó que, de acuerdo con la Directiva 95/46EC —ahora Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea— Google está obligado a desindexar de sus resultados de búsqueda el contenido relacionado con el nombre de una persona, salvo en aquellos casos en los que el interés público deba prevalecer sobre dicho derecho, cuestión que corresponde ponderar a la propia empresa.

Sin embargo, en aquel entonces, el Tribunal de Justicia olvidó atender una cuestión indispensable: considerando la naturaleza ubicua del Internet, ¿qué alcance territorial debía tener la implementación de ese derecho?

En 2017 la autoridad de protección de datos en Francia, el CNIL, estableció que la desindexación debía ser global. Lo anterior provocó grandes discusiones y discrepancias alrededor del mundo, ya que de acuerdo con la opinión de algunos miembros de la prensa y de organizaciones no gubernamentales, así como del propio abogado general del Tribunal de Justicia, dicha decisión es contraria al derecho a la libertad de expresión, ya que en el fondo permite que un solo Estado determine cuál es el contenido al que pueden tener acceso el resto de los ciudadanos del mundo.

Antes de la decisión de hoy, lo anterior habría implicado privar del acceso a cierta información a todas las personas del mundo, aún cuando las leyes de sus países en principio lo hubiesen permitido.

(alessandra barzizza* / puntodincontro.mx)

*Alessandra Barzizza es licenciada en derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e investigadora independiente en temas relacionados con tecnología, derecho a la privacidad y protección de datos personales. Es coautora de “Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesiones de Sujetos Obligados, Comentada” (INAI, 2018)