2 de enero de 2019 - —Antes era una niña feliz… feliz…— exclamó Alejandra.

—¿Te hicieron daño? — le pregunté.

Ale regresa con la mirada al pasado, y empieza el relato del infierno.

Ella tenía trece años cuando caminaba rumbo a la escuela, en un pueblo rural de un estado de México que, por su seguridad, no mencionaremos. Dos hombres que ya conocía se le acercaron y empezaron a pegarle con un palo en los tobillos, empujándola a un terreno baldío, donde la golpearon y violaron durante horas. Antes de dejarla ir, le dijeron que se quedara callada o les harían lo mismo a sus hermanas.

Días después, los mismos hombres la secuestraron y la mantuvieron encerrada durante tres días, marcados por los golpes y más violaciones. Ale relata que en el cuarto donde la tenían amarrada, estaban unos chicos de su edad. Cuando sus secuestradores la violaban, les decían: «para que aprendan cómo hay que tratar a las mujeres».

Actualmente, Ale se encuentra privada de la libertad en un centro femenil de reinserción social por delito de robo con violencia. Entre la violación y su actual detención, Ale fue usuaria dependiente de drogas, trabajadora sexual y adolescente privada de la libertad por homicidio.

Ella es una de las casi 50 mujeres que de manera informada y generosa tuvo la confianza para hablar con nosotras. Su testimonio forma parte de una investigación de Equis Justicia para las Mujeres, que se publicará el siguiente año, enfocada en adolescentes y mujeres usuarias de drogas que están detenidas en centros de tratamiento de uso de drogas dependiente tanto públicos o privados y en centros de reinserción social. Tal como lo mencionábamos en la primera parte de esta serie, este documento tendrá por objeto tanto compartir sus narraciones, como visibilizar el cruce entre las creencias de género y el acceso a tratamiento.

Cada historia de vida recopilada en estos meses es única. Una tras otra, las adolescentes y las mujeres – en su mayoría jóvenes – con las que hablamos, tuvieron la confianza de compartirnos lo que, en ocasiones, nunca habían contado. Dentro de esta unicidad, se repiten patrones que develan el cruce entre relaciones de género, violencia contra las mujeres y políticas de drogas punitiva.

En alrededor de más de 90% de los casos1, cuando se les pregunta cómo iniciaron a consumir drogas, la mayoría comienza con relatar la violencia sexual en la niñez (a partir de los tres y hasta los once años), por parte de padrastros, abuelos, tíos y otros hombres conocidos. Por lo general, cuando comparten lo sucedido con sus madres u otros familiares, o no les creen o les acusan de ser las provocadoras de la violencia sexual.

Se dibujan así dos escenarios predominantes: huir de casa y vivir en la calle, o vincularse con un hombre adulto o adolescente. Gina, una joven de veintitrés años con una carrera como sicaria de casi una década, afirma: «me sentía más segura en la calle que con mi familia».

Cuando la opción para huir de la violencia, el abandono, el descuido y las acusaciones es una relación de pareja en la adolescencia, casi siempre las consecuencias son embarazos adolescentes y más violencia. La violencia sexual contra la niñez es sustituida por la violencia de género contra niñas y mujeres. Los perpetradores son múltiples: novios, esposos, compañeros usuarios, dealers, policías, personal de centros de tratamiento de rehabilitación.

Así, las mujeres usuarias son víctimas de múltiples formas de violencia:2 i) la violencia doméstica, en la esfera privada, familiar o de pareja; ii) la violencia en la infancia; iii) la violencia específica en los círculos de uso de drogas, principalmente de tipo sexual; iv) la violencia vinculada a la prostitución; v) la violencia de mujeres víctimas de trata; vi) la violencia institucional.

A la violencia de género experimentada por las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas en la niñez y adolescencia, se suma la violencia sufrida como producto de las políticas de drogas y de la estigmatización contra las personas usuarias de drogas.

En nuestro siguiente artículo, hablaremos, precisamente, de la violencia de género en los centros de tratamiento de uso de drogas, a partir del enfoque del derecho a la salud.

Como lo señaló un grupo de mujeres privadas de la libertad con quienes conversamos, en su mayoría procesadas por múltiples homicidios y actividades conexas, nadie atiende, denuncia, persigue o repara la violencia de la que han sido víctimas desde la niñez. Nadie les pregunta ni les cree.

El crimen organizado las coopta desde la adolescencia y ‘las hace a su manera’: jóvenes con entrenamiento militar, que matan fríamente una víctima tras otra, hasta ya no sentir nada. Madres solteras que encuentran en el sicariato un espacio de igualdad y empoderamiento, así como una fuente económica que les permite mantener dignamente a sus hijas e hijos. Mujeres privadas de la libertad que se enfrentan a penas de más de cien años y que sentencian, en su lúcido e inapelable análisis: «el Estado sólo nos detiene, nos pega o nos mata».

Las mujeres usuarias de drogas detenidas en las cárceles o en los centros de tratamiento son totalmente invisibilizadas y estigmatizadas, viven un círculo de violencia, sistemática y generalizada, que urge detener. Si queremos erradicar la violencia contra todas las mujeres y las niñas, es preciso escucharlas e incorporar sus experiencias y sus voces en los debates y políticas que las afectan.

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Corina Giacomello es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y colabora con Equis Justicia para las Mujeres, A.C. También se desempeña como consultora para instituciones, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil. Ha publicado extensivamente en México y en el extranjero

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1 La información está en proceso de sistematización.

2 Benoit, Thérèse y Jauffret-Roustide, Marie, Improving the management of violence experienced by women who use psychoactive substances, 2015.

(corina giacomello / animalpolitico.com / puntodincontro.mx / adaptación y traducción al italiano de massimo barzizza)