02:18 hrs. – En la sesión de la tarde del jueves, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara reanudó el examen de la reforma de la ley de ciudadanía, interrumpida el 3 de octubre de 2019. Más de dos años después, el ponente Giuseppe Brescia (M5S) espera ahora una conclusión positiva del proceso parlamentario, libre de la «instrumentalización» política que más de una vez ha ahogado el intento de reformar una ley en vigor desde hace 30 años, la 91/92, y ya no acorde con los tiempos.

Durante la sesión, fueron integrados a las propuestas que se están estudiando en la Comisión también los proyectos de ley presentados por Fucsia Nissoli (Forza Italia) “Modificación del artículo 17 de la ley del 5 de febrero de 1992, n. 91, en materia de readquisición de la ciudadanía” y por Elisa Siragusa (Grupo Europa Verde - Verdes Europeos), “Modificaciones a la ley del 5 de febrero 1992, n. 91, sobre la ciudadanía”. Brescia, quien también es presidente de la Comisión, presentó a sus colegas un texto unificado para ser adoptado como texto base sobre el cual continuar el debate.

Tras reiterar que «a treinta años de la aprobación de la ley núm. 91 de 1992, el legislador debe tomar nota de las profundas transformaciones que se han producido en la sociedad italiana y actualizar las normas sobre ciudadanía», Brescia recordó que todos los intentos de reforma iniciados por la Comisión «quedaron inconclusos, con el único resultado de engañar y decepcionar a cientos de miles de jóvenes», es decir, «hijos de extranjeros que han estudiado y estudian con nuestros connacionales y han visto condicionadas sus vidas por la ausencia de una ley mínima de civilización».

Esto se debe a que «todos los intentos de reforma hasta ahora han sido fuertemente influenciados por la explotación política y las distorsiones de los medios, que solo han aumentado la intensidad de la propaganda sin provocar ningún cambio».

Para intentar obtener un resultado, por lo tanto, hay que «evitar los engaños ideológicos» y «centrarse en un texto simple, capaz de no dejarse llevar por la manipulación».

Por este motivo, Brescia quiso aclarar desde el principio que «no hay ius soli en el texto propuesto». El texto unificado, explicó, «pretende introducir puntualmente una nueva casuística orientada al principio del ius scholae, con una opción de confianza no sólo en los extranjeros que quieren integrar a sus hijos, sino en el trabajo de la comunidad docente, en la dedicación de los directivos escolares y de los docentes que construyen nuestra República en las aulas y enseñan los valores de nuestra Constitución».

Por lo tanto, el texto —que consta de dos artículos— prevé que «pueda adquirir la ciudadanía italiana por solicitud un menor extranjero nacido en Italia que haya residido legalmente sin interrupción en Italia y haya asistido regularmente, en territorio nacional, durante al menos 5 años, a uno o más ciclos escolares en instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional o cursos de formación profesional de tres o cuatro años diseñados para la obtención de una cualificación profesional. Esta posibilidad también está abierta a los menores extranjeros que hayan ingresado a Italia antes de cumplir los 12 años de edad».

La ciudadanía, agregó, «se adquiere tras una declaración de voluntad, antes de que el interesado alcance la mayoría de edad, hecha por ambos padres legalmente residentes en Italia o por quien ejerce la patria potestad, ante el oficial de estado civil del municipio de residencia del menor, misma que deberá ser inscrita en el registro del estado civil. Dentro de los dos años siguientes a la mayoría de edad, el interesado podrá renunciar a la ciudadanía italiana si está en posesión de otra ciudadanía. En caso de que esta declaración de voluntad no haya sido expresada, el interesado podrá adquirir la ciudadanía si la solicita al oficial de estado civil dentro de los dos años siguientes a la mayoría de edad».

En cuanto a la posibilidad de modificar las disposiciones en materia de ius sanguinis para los nacidos en el extranjero -—como prevé la propuesta de ley de Siragusa que pide que el reconocimiento de la ciudadanía se limite a dos generaciones—, Brescia considera que cualquier decisión deba ser tomada con base en el debate de la Comisión, limitándose a observar que «el sistema actual no parece garantizar un verdadero arraigo social con nuestro país y, de hecho, alienta la búsqueda de antepasados, incluso distantes en el tiempo, sin la verificación de los requisitos culturales, mismos que, en cambio, son justamente exigidos a los extranjeros en Italia». (AISE)