15:47 hrs. - En una especie de déjà vu que nos retrotrae a los primeros años del Estado italiano, poco después de mediados del siglo XIX, pero en un contexto de diferente origen, los Hermanos de Italia (FdI), partido político de mayoría relativa en el Parlamento, fundado en 2012 por la actual presidente del Consejo de Ministros Giorgia Meloni— presentó un proyecto de ley según el cual se prohibirá el uso de términos no italianos, especialmente en la Administración Pública.
La iniciativa surgió del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Fabio Rampelli, representante de la FdI, apoyado por veinte diputados de su fracción.
En el Bel Paese, según algunas opiniones, incluidas las de miembros de la Accademia della Crusca —institución fundada en 1583 que reúne a estudiosos y expertos en lingüística y filología de la lengua italiana— se ha producido un «progresivo declive en el valor atribuido a nuestra lengua». Los partidarios de la iniciativa aseguran que la costumbre de utilizar términos mayoritariamente en inglés «se ha convertido en una práctica comunicativa que, lejos de enriquecer nuestro acervo lingüístico, lo empobrece y mortifica».
En detalle, el proyecto de ley contra las lenguas extranjeras prevé lo siguiente:
Artículo 1: «La República garantiza el uso de la lengua italiana en todas las relaciones entre la administración pública y el ciudadano, así como en todas las sedes judiciales».
Artículo 2: «La lengua italiana es obligatoria para la promoción y uso de los bienes y servicios públicos en el territorio nacional». En otras palabras, las entidades públicas y privadas «están obligadas a presentar» en italiano cualquier documentación «relativa a los bienes tangibles e intangibles producidos y distribuidos en todo el país».
Además, cualquier información presente en un lugar público «o derivada de fondos públicos» debe transmitirse en italiano. Además, para cada evento, conferencia o reunión pública organizada en Italia, el «uso de herramientas de traducción» es obligatorio para garantizar la «perfecta comprensión de los contenidos del evento en italiano».
Artículo 4: «Toda persona que ocupe cargos» en las instituciones italianas, la administración pública, las empresas de mayoría pública y las fundaciones «debe» tener conocimiento y dominio escrito y oral de la lengua italiana, «las siglas y los nombres de las funciones desempeñadas en las empresas que operen en el territorio nacional» deben estar en italiano. Y los «reglamentos internos de las empresas que operan en el territorio nacional» también deben redactarse en italiano.
Con el artículo 5, se pretende modificar el artículo 1346 del código civil, es decir, el uso de la lengua italiana en los contratos de trabajo pasa a ser obligatorio: «El contrato debe estipularse en lengua italiana».
El artículo 6 del proyecto de ley establece que en las escuelas de todos los tipos y niveles y en las universidades públicas italianas «las ofertas de formación que no estén dirigidas específicamente al aprendizaje de lenguas extranjeras deben ser en italiano».
Con el artículo 7, el Ministerio de Cultura instituye «el Comité para la protección, promoción y valorización de la lengua italiana en el territorio nacional y en el exterior»: será presidido por representantes de la Accademia della Crusca, de la sociedad Dante Alighieri, el Instituto Treccani, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Mérito, el Ministerio de la Universidad e Investigación, el Departamento de Publicaciones de la Oficina del Primer Ministro y la RAI. Tendrán que promover «el conocimiento de las estructuras gramaticales y léxicas de la lengua italiana», el «uso correcto de la lengua italiana y su pronunciación» en las escuelas, en los medios de comunicación, en el comercio y en la publicidad; la enseñanza de la lengua italiana en las escuelas de todos los niveles y en las universidades; «el enriquecimiento de la lengua italiana con el objetivo principal de poner a disposición de los ciudadanos términos adecuados para expresar todas las nociones del mundo contemporáneo, favoreciendo la presencia de la lengua italiana en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación»; en el contexto de las administraciones públicas «formas de expresión lingüística sencillas, eficaces e inmediatamente comprensibles, para facilitar y clarificar la comunicación con los ciudadanos también a través de herramientas informáticas».