10:26 hrs. - «Un decreto-ley aprobado de prisa, un viernes, sin ningún aviso, sin ninguna consulta a quienes representan a los italianos en el extranjero. El ministro Tajani demuestra, una vez más, que no tiene ningún respeto por los parlamentarios elegidos en el extranjero e ignora el valor de la ciudadanía italiana para millones de descendientes en todo el mundo. No solo es la primera vez que esto ocurre, sino una demostración más de un método mediante el cual este Gobierno excluye el debate. En este sentido, no queda claro por qué quisimos proceder con un decreto ley y no con un proyecto de ley, un instrumento más adecuado para regular un asunto tan importante». Comenta así la senadora La Marca (PD) la medida aprobada por el Consejo de Ministros de Italia el 28 de marzo, que introduce nuevas restricciones al reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia (el llamado ius sanguinis).
La nueva ley prevé que, a partir de ahora, serán ciudadanos italianos desde el nacimiento sólo aquellos que tengan al menos un padre, abuelo o abuela nacido en Italia. Las generaciones posteriores ya no tendrán derecho automático a la ciudadanía, incluso si no se ha interrumpido la cadena de descendencia. Además, los descendientes de italianos nacidos en el extranjero podrán obtener la ciudadanía sólo si uno de sus padres vivió en Italia durante al menos dos años antes de su nacimiento.
Otra novedad se refiere a la introducción de una obligación para quienes ya tienen la ciudadanía italiana: será necesario demostrar que han ejercido al menos uno de los derechos o deberes vinculados al estado de ciudadano al menos una vez cada 25 años. Por ejemplo, bastará con renovar el pasaporte o el documento de identidad, votar, actualizar el estado civil o tener un contacto mínimo con la administración pública italiana.
Los procedimientos administrativos también cambiarán: los trámites de ciudadanía ya no serán gestionados por las oficinas consulares, sino por una oficina centralizada del Ministerio de Asuntos Exteriores que debería comenzar a funcionar dentro de un año desde la entrada en vigor del decreto. Una nueva gestión que, si no está adecuadamente organizada, corre el riesgo de aumentar la burocracia en lugar de agilizarla. Además, se ha anunciado un aumento del costo de los procedimientos, que situaría el importe en 700 euros.
«Era necesario revisar algunos aspectos de la legislación de ciudadanía y podemos discutir los méritos de esta reforma pero el método fue erróneo. Una vez más, el Gobierno actuó sin involucrar a quienes representan a los italianos en el extranjero. Se pudieron haber evaluado criterios diferentes, como el reconocimiento del conocimiento adecuado de la lengua, de la cultura italiana y otros», subraya La Marca.
«Estimado ministro Tajani, usted ha decidido por su cuenta limitar el derecho a la ciudadanía a las dos primeras generaciones. Pues bien, vamos a dejar las cosas bien claras: sin hipocresía, aprobemos también el proyecto de ley que he firmado primero sobre la readquisición de la ciudadanía italiana por parte de quienes la han perdido. Sería al menos una señal de justicia para las muchas personas privadas de la ciudadanía debido a leyes del pasado».
«No se sabe aún cuándo llegará el decreto a la Cámara ni si el examen comenzará en la Cámara o en el Senado. Pero en un punto no hay dudas: el grupo de parlamentarios del PD elegidos en el extranjero darà batalla en el proceso de aprobación de este decreto».
Respecto a las numerosas solicitudes de aclaración que están llegando a nuestra oficina en estos días, cabe señalar que el marco regulatorio aún se está definiendo. El equipo de la senadora La Marca está siguiendo de cerca la evolución de la situación para comprender mejor las implicaciones del decreto y los próximos movimientos parlamentarios. Por lo tanto, en este momento no es posible proporcionar respuestas detalladas sobre casos individuales a la espera de nuevos desarrollos oficiales.
Foto: Francesco Fotia / AGF – Pasaporte italiano
