07:37 hrs. - Las armas ligeras siguen alimentando la violencia en México y contribuyendo a graves violaciones de derechos humanos contra la población civil. En particular, entre 2012 y 2021, más de dos de cada tres homicidios se cometieron con armas de fuego —fusiles y pistolas— que en casi todos los casos fueron producidas en Europa o Estados Unidos.

Quien ha lanzado nuevamente la alarma —subrayando sobre todo la responsabilidad de las empresas europeas— es la European network against arms trade (Enaat) que a mediados de julio publicó un informe en el que dio cuenta del resultado de una misión realizada en el país latinoamericano en febrero de 2023, en la que también participaron la asociación alemana Ohne rüstung leben y la Rete italiana pace e disarmo. La iniciativa fue organizada por la coalición Stop Us arms to Mexico con el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El punto de partida son los datos relativos a la exportación de armas ligeras: entre 2006 y 2018, empresas europeas habrían vendido más de 200 mil armas de fuego a las fuerzas policiales de los 32 Estados mexicanos. Más de la mitad habían sido producidas por sólo dos empresas: la italiana Beretta y la austriaca Glock. «Durante ese período» —se lee en el informe— «el número de episodios de violencia cometidos por la policía y de homicidios aumentó en forma dramática». Según estimaciones contenidas en el documento, desde 2010 la violencia armada ha causado la muerte de más de 217 mil personas y la desaparición forzada de más de 111 mil.

Incluso en uno de los casos más emblemáticos de la condición de violencia endémica en la que se encuentra México —la desaparición y asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014— algunas versiones afirman que se utilizaron armas fabricadas en Europa: en particular, los departamentos de la policía municipal acusados de atacar los autobuses que transportaban a los estudiantes supuestamente portaban 73 fusiles de asalto Beretta y varios fusiles de asalto de la empresa alemana Heckler & Koch.

A todo esto se suma el tráfico ilegal. «Las armas Beretta también acabaron en el mercado negro», continúa el informe. «Entre 2010 y 2020, más de 2,700 armas ilegales recuperadas por las autoridades mexicanas han sido identificadas como italianas». Las autoridades mexicanas también informaron que habían encontrado 180 armas fabricadas por la empresa belga FN Herstal en la escena de varios crímenes: entre ellas también tres modelos utilizados por las fuerzas policiales, en particular el FN Five-SeveN, cuyas balas son capaces de perforar chalecos anti-bala desde una distancia de 200 metros. Un tercer caso se refiere a la empresa alemana Heckler & Koch (H&K), que supuestamente exportó entre 2006 y 2009 diez mil fusiles de asalto G36 destinados oficialmente a las fuerzas policiales.

Son cifras importantes, que resaltan las fallas de la legislación europea, incapaz de frenar el flujo de rifles, pistolas y municiones que alimentan la violencia en México. Aunque desde 2018 se ha producido una importante reducción en el número de licencias y autorizaciones de exportación de parte de varios países de la UE, las tres organizaciones calculan que en sólo tres años (de 2019 a 2021) el país latinoamericano ha importado más de 125 mil armas ligeras producidas por empresas europeas, recurriendo a dos estrategias diferentes.

Por un lado, las pistolas y fusiles se venden para “uso privado”, por ejemplo para la caza o para deportes, actividades reguladas por normas menos estrictas. Alternativamente, las armas ligeras (pero también fusiles de asalto y ametralladoras) llegan a México tras transitar por terceros países. Por tanto, no es casualidad que las principales empresas fabricantes europeas hayan instalado filiales o plantas de producción en Estados Unidos: las armas ensambladas en suelo estadounidense no tienen que cumplir con los requisitos europeos y pueden cruzar la frontera más fácilmente. Para completar el cuadro, también están las que se venden directa y legalmente en el mercado estadounidense, que luego son transportados ilegalmente a territorio mexicano para terminar en manos de los cárteles de la droga.

Dada la variedad de canales a través de los cuales las armas europeas ingresan a México, es particularmente importante «que las empresas productoras de armas rindan cuentas a lo largo de toda la cadena de valor de su actividad», escriben las tres organizaciones en el informe. «La propia naturaleza del sector armamentístico hace que este comercio sea especialmente complejo y opaco, por lo que esta industria debe entrar plenamente en el ámbito de aplicación de la directiva Corporate sustainability due diligence (CSDD), actualmente en fase de negociación». El texto de la directiva —ya aprobado por el Parlamento Europeo— pretende promover una conducta empresarial sostenible y respetuosa hacia los derechos humanos.

Pese a la falta de atención mostrada al tema por los representantes institucionales entrevistados —quienes negaron su responsabilidad por las armas producidas en Estados Unidos o ingresadas a México mediante tráfico ilegal—, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron la ineficacia del actual sistema de control de las exportaciones de armas y han pedido a la empresas y países involucrados dejar de alimentar «el dramático nivel de violencia en México».

Estas solicitudes están en línea con la batalla que el gobierno mexicano libra desde hace varios años en los tribunales estadounidenses: en 2021 el ejecutivo federal demandó a varios fabricantes de armas con sede en Estados Unidos (entre ellos Beretta USA y Glock USA), argumentando que el las leyes vigentes en el país favorecen el tráfico de armas a través de la frontera. Hasta ahora, la batalla judicial no ha tenido el efecto deseado: según lo dispuesto en el Protection of Lawful Commerce in Arms Act (que proporciona a este sector industrial una amplia protección frente a acciones legales por el uso indebido de sus productos), los jueces estadounidenses fallaron a favor de los productores. En marzo pasado, el gobierno mexicano apeló esta decisión.

La nueva acción legal de México, así como las solicitudes de las organizaciones europeas, parten de un punto común: «Al seguir enviando armas y municiones a México, sea cual sea el canal, los países y empresas europeas son cómplices conscientes de crímenes contra el pueblo mexicano». Una situación que las organizaciones piden abordar urgentemente, a partir de tres propuestas: dejar de exportar armas al país latinoamericano —de acuerdo con la posición común europea según la cual «está prohibido exportar armas a países donde puedan prolongarse conflictos violentos o utilizados en violaciones de los derechos humanos»—, responsabilizar a las empresas también por las armas producidas en plantas no europeas y llevar a toda la cadena de valor de las compañías fabricantes dentro de las obligaciones de la directiva CSDD (Alessandro Pirovano – altreconomia.it).

Foto: elimparcial.com